La auditoría forense iniciada ayer en el Decano tendrá una repercusión directa sobre la querella contra Pablo Comas y Gildoy España por su gestión al frente del Decano. Aunque inicialmente son dos vías independientes, la vinculación de los dos procesos es evidente. La auditoría no tiene como fin la demanda ya en curso, aunque su incidencia sobre ella puede ser determinante. Si los resultados del informe desvelan irregularidades añadidas, éstas reforzarán la demanda o bien servirán para abrir un proceso adicional. 
 
 
Como anunció el pasado sábado Huelva Información, en el día de ayer comenzó un estudio detallado mediante el uso de técnicas de investigación criminalísticas que permitirán identificar cualquier acto fraudulento que haya podido ocurrir en el Recre en cualquiera de sus esferas de gestión. Además, la imagen exacta que arroje el estudio permitirá afrontar el concurso público de venta de las acciones del Ayuntamiento con máxima pulcritud. 
 
Así, según fuentes jurídicas consultadas, el consejo de admistración, como representante del accionista mayoritario que es el Ayuntamiento, podrá aportar a la causa todas aquellas pruebas que se revelen por parte de los auditores en relación a los hechos por los que Comas tiene que responder ante la justicia. Pese a que terminó el proceso de instrucción y el magistrado dictó auto para la apertura del juicio oral, el consejo podrá sumar a este proceso toda la información que recaben los auditores hasta el momento del inicio del juicio, ya que la investigación que dio comienzo ayer se centra en los mismos ejercicios en los que presuntamente se cometieron los hechos por los debe responder Pablo Comas. Tras la emisión del auto, el proceso culminará en principio alrededor del mes de abril con la apertura de juicio oral, según los cálculos de los servicios jurídicos del Trust. 
 
La auditoría en este caso sería una prueba más que reforzaría la propia investigación judicial. Así, a la instrucción externa llevada a cabo por el juez se sumará un minucioso análisis de toda la gestión llevada por Gildoy desde su llegada al club tomando como punto de partida el estado de situación del Decano expuesto en el análisis de los administradores concursales en el primer semestre de 2013. Otra cuestión sería que el informe de los auditores revele nuevos hechos que no han sido objeto de la instrucción. En ese caso sería difícil sumarlos a la causa si se justifica la vinculación la relación entre ellos, confirmaron estas fuentes jurídicas. En este sentido, el fiscal podría incluso solicitar diligencias complementarias para que se investiguen. No obstante, la alternativa más real en este caso sería la de presentar una nueva demanda por parte del consejo de administración por estas supuestas irregularidades. 
 
El expropietario de la entidad tendrá que responder ante el juez por presuntos delitos derivados de su gestión como falsedad documental. El Trust de Aficionados presentó hace meses una demanda por la presunta comisión de administración desleal, falsedad documental, apropiación indebida y asistencia financiera. Tras la instrucción, el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva emitió un auto en el que detectaba "indicios de delito" en "todos los hechos denunciados". Las operaciones denunciadas fueron realizadas por Pablo Comas "en su calidad de presidente del club habiendo adquirido dicho cargo precisamente por ser administrador de la mercantil Gildoy España, de donde se deduce que la responsabilidad penal por la nefasta y perjudicial gestión económica del Real Club Recreativo de Huelva es imputable a Pablo Comas al no haber actuado con la diligencia debida a un empresario leal".